Esta medida ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y conveniencia política, siendo calificada por diversos sectores como una respuesta injustificada a una derrota legislativa.

La advertencia del mandatario, expresada en redes sociales con la frase “Vamos hacia una emergencia”, se interpreta como el plan alternativo del Gobierno para asegurar la financiación de proyectos clave como el metro de Bogotá y las carreteras 4G, que enfrentarían recortes sin los ingresos de la reforma. Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con un fuerte escepticismo y críticas.

Expertos y figuras políticas como el exministro Juan Camilo Restrepo y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, han señalado que no existen las causales constitucionales para tal declaratoria. Mejía argumentó que el hueco fiscal de $16,3 billones representa menos del 3% del presupuesto total, una cifra insuficiente para demostrar un compromiso a la estabilidad fiscal que justifique una medida tan excepcional.

En la misma línea, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó que no se cumplen los requisitos constitucionales. Desde el Congreso, la representante Katherine Miranda sugirió que la dilación del debate podría haber sido una estrategia del Gobierno para “justificar un estado de emergencia económica y aprobar la reforma por decreto”. Advirtió que “la Corte Constitucional ha sido clara en que esta figura solo es válida ante hechos externos e imprevisibles, no para enfrentar derrotas políticas ni corregir problemas fiscales”.