La advertencia ha generado un intenso debate sobre su justificación y constitucionalidad, siendo interpretada por algunos sectores como una amenaza para presionar al Congreso y gobernar por decreto.

El mandatario utilizó sus redes sociales para manifestar que, sin la aprobación de la reforma, “vamos hacia una emergencia”. Esta postura fue duramente criticada por expertos y figuras de la oposición.

El exministro Juan Camilo Restrepo calificó la idea como un “precedente peligroso” que desconocería las decisiones del Legislativo. A su vez, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, argumentó que no existe justificación jurídica para tal medida, explicando que los $16,3 billones en disputa representan menos del 3% del presupuesto total, una cifra insuficiente para comprometer la estabilidad fiscal del país. La representante Katherine Miranda también expresó su preocupación, sugiriendo que la dilación del debate en el Congreso podría ser una “estrategia para justificar un estado de emergencia económica”. Señaló que “la Corte Constitucional ha sido clara en que esta figura solo es válida ante hechos externos e imprevisibles, no para enfrentar derrotas políticas ni corregir problemas fiscales”.

La controversia pone de manifiesto la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y abre un debate sobre los límites del poder presidencial para responder a reveses políticos en materia económica.