Según Betancourt, Colombia tiene un problema estructural debido a una presión tributaria insuficiente para financiar el gasto público. Expertos fiscales coinciden en que el hundimiento del proyecto tendría profundas consecuencias para la estabilidad económica, especialmente en un contexto de presiones en el gasto social y un creciente endeudamiento. Sin los $16,3 billones que se esperan recaudar, el Gobierno se vería forzado a realizar recortes significativos en el presupuesto de inversión o a buscar fuentes de financiación alternativas que podrían comprometer aún más la sostenibilidad de la deuda pública. La discusión, por tanto, trasciende el ámbito político y se convierte en un debate sobre la viabilidad financiera del Estado colombiano a mediano plazo.