La reforma tributaria propuesta por el Gobierno plantea cambios significativos en la tributación del sector energético, buscando un equilibrio entre el recaudo fiscal y el impulso a la transición hacia energías limpias. La iniciativa contempla hacer permanentes ciertos impuestos a la extracción de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, ofrecer incentivos para las inversiones en fuentes renovables. Uno de los puntos clave es la intención de convertir en permanente el impuesto especial a la extracción de petróleo y carbón, que se estableció de forma temporal mediante un decreto de conmoción interior. Este gravamen del 1% sobre la primera venta o comercialización al exterior de estos productos busca generar un recaudo de $869.000 millones para 2026. Además, el proyecto propone un aumento en la tarifa del impuesto al carbono, que pasaría de $27.399 a $42.609 por tonelada de carbono equivalente en 2026, con una aplicación gradual para el carbón.
En contraste, la reforma busca estimular las energías renovables.
Se propone que quienes inviertan en este sector puedan expedir bonos de transición energética que permitirían deducir el 50% de la inversión realizada. Asimismo, se plantea una exención del IVA para equipos destinados a la generación con fuentes eólica y solar, lo que garantizaría la devolución de saldos a favor. Esta dualidad ha generado debate: mientras el Gobierno defiende las medidas como una forma de financiar el presupuesto y promover la sostenibilidad, algunos congresistas advierten que el aumento de impuestos podría impactar las tarifas de los servicios públicos.
En resumenLa reforma tributaria propone un esquema dual para el sector energético: por un lado, busca asegurar ingresos fiscales haciendo permanentes los impuestos a la extracción de petróleo y carbón y aumentando el impuesto al carbono; por otro, ofrece incentivos como exenciones de IVA y deducciones para fomentar la inversión en energías renovables.