El Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en su urgencia, advirtiendo que su hundimiento podría llevar a un escenario fiscal crítico y a un posible riesgo de cesación de pagos. Por su parte, la oposición y algunos sectores independientes han presentado múltiples ponencias de archivo, argumentando que el proyecto no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado.

Las sesiones en las comisiones económicas conjuntas han sido suspendidas en varias ocasiones por falta de quórum, lo que refleja las dificultades del oficialismo para consolidar una mayoría.

El director de la DIAN, Carlos Betancourt, ha hecho un llamado a la "corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo", calificando la ley como "fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal de país en el corto y mediano plazo". Para lograr apoyos, el Gobierno ha tenido que ceder en puntos clave, eliminando impuestos a iglesias y combustibles y ajustando la meta de recaudo. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la propuesta de recaudo se redujo de las pretensiones iniciales a unos 10 billones de pesos. La discusión fue convocada para el martes 2 de diciembre en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en una sesión que será decisiva para el futuro de las finanzas públicas del país.