Esta iniciativa, que ya superó su primer debate, se perfila como una opción pragmática para generar recaudo y dinamizar la economía sin la carga política de una reforma estructural. El Plan de Reactivación Económica se presenta como una respuesta a la incertidumbre sobre la viabilidad de la Ley de Financiamiento del Ejecutivo. A diferencia de la propuesta oficial, que se centra en la creación de nuevos impuestos y el aumento de tarifas, este proyecto se enfoca en alivios tributarios y mecanismos para recuperar cartera morosa. Entre sus puntos clave se encuentran rebajas de hasta el 80 % y 90 % en intereses, multas y sanciones para deudores de impuestos nacionales y aportes parafiscales.

La representante Olga Lucía Velásquez, ponente de la iniciativa, explicó que el objetivo es corregir “distorsiones que hoy afectan la eficiencia del sistema” sin castigar a los contribuyentes cumplidos.

El plan también incluye una nueva normalización tributaria, que permitiría legalizar activos no declarados pagando tarifas escalonadas del 10 %, 15 % o 20 %, dependiendo del monto.

Aunque sus promotores insisten en que no compite con la reforma del Gobierno, en la práctica podría convertirse en el salvavidas fiscal si esta última fracasa.

El recaudo potencial del plan se estima entre $7 y $13 billones, una cifra que ayudaría a mitigar el desfinanciamiento del presupuesto de 2026.

La iniciativa también propone cambios permanentes, como fijar la tarifa general de renta en 30 % y establecer una tasa mínima del 20 % sobre la utilidad depurada.