Con esto, se espera recaudar $869.000 millones en 2026. Adicionalmente, se propone un aumento significativo en la tarifa del impuesto al carbono, que pasaría de $27.399 a $42.609 por tonelada de carbono equivalente en 2026, aunque se establece una aplicación gradual para el carbón, que alcanzaría la tarifa plena en 2029. En contraparte, y en línea con la política de transición energética, la reforma introduce importantes alivios para las fuentes no convencionales de energía. Se propone que los inversionistas en proyectos de energías renovables o eficiencia energética puedan expedir "bonos de transición energética", que les permitirían deducir el 50 % de la inversión realizada, previa certificación de la UPME. Otro cambio clave es modificar el tratamiento del IVA para los equipos destinados a estos proyectos, pasando de una "exclusión" a una "exención", lo que garantizaría el derecho a la devolución de saldos a favor.

Esta medida, aunque representa un sacrificio fiscal de $110.000 millones, busca equiparar las condiciones para bienes nacionales y extranjeros, fomentando la producción local.