Adicionalmente, incluye un capítulo de normalización tributaria, que permitiría a personas naturales y jurídicas legalizar activos no declarados pagando un impuesto especial con tarifas escalonadas del 10 %, 15 % y 20 %, dependiendo del monto.

Aunque su potencial de recaudo, estimado en unos $7 billones, es inferior a los $16,3 billones de la reforma oficial, sus promotores argumentan que podría generar un flujo de caja inmediato y dinamizar la economía. El proyecto también contempla medidas como la fijación de la tarifa general de renta en 30 % y la creación de nuevas líneas de crédito, consolidándose como una opción con mayor consenso político.