Este beneficio aplicaría incluso para aquellos que ya cuenten con acuerdos de pago vigentes, permitiéndoles saldar los montos insolutos bajo estas nuevas condiciones más favorables. Con esta estrategia, el Gobierno busca generar un recaudo adicional a corto plazo, estimado en cerca de $887.000 millones, al tiempo que ofrece una oportunidad para que miles de ciudadanos y empresas regularicen su situación fiscal sin enfrentar la totalidad de las penalidades acumuladas.