Inicialmente, el proyecto aspiraba a recaudar cerca de $26 billones, pero la meta fue reducida a $16,3 billones, y en algunas discusiones se ha hablado de una cifra cercana a los $10 billones. Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación del IVA a los combustibles como la gasolina, el diésel y el ACPM, una medida que habría impactado directamente el costo de vida de los colombianos. También se retiró la propuesta de gravar las actividades económicas de las iglesias, como el alquiler de salones o la venta de publicaciones, un punto que había generado un intenso debate público. Adicionalmente, se suprimió el impuesto al consumo sobre la boletería de eventos culturales y deportivos que superaran cierto valor. A pesar de estas concesiones, el núcleo de la reforma se mantiene, conservando la sobretasa al sector financiero, el impuesto especial a la extracción de petróleo y carbón, y el aumento de gravámenes a productos como licores y cigarrillos, con los que se espera recaudar una parte importante de los recursos.