El debate se desarrolla en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, donde se han presentado cuatro ponencias: una a favor, que respalda la propuesta del Gobierno, y tres que solicitan su archivo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido el proyecto argumentando que “procura contribuir a la reducción del gasto tributario, equilibrar las finanzas públicas con un enfoque en asuntos ambientales y de salud pública, y establecer mejoras en el proceso de fiscalización del sistema tributario”. La iniciativa consta de 97 artículos que buscan mejorar la progresividad del sistema fiscal y gravar actividades que afectan la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, el respaldo político ha sido limitado, con la ponencia positiva reuniendo apenas siete firmas en una etapa inicial.

La discusión ha estado marcada por retrasos y problemas de procedimiento, como la suspensión de sesiones por falta de quórum, lo que evidencia la fragilidad de los apoyos y la complejidad para alcanzar consensos. El Gobierno ha advertido que sin estos recursos adicionales, existe el riesgo de una cesación de pagos, mientras que la oposición advierte sobre el impacto negativo en la clase media y la competitividad del país.