La iniciativa busca elevar la tarifa general del 15% actual al 30%, lo que duplicaría la carga fiscal sobre ingresos extraordinarios como herencias, donaciones y la venta de activos fijos.

Este cambio afectaría directamente el bolsillo de los ciudadanos que reciban ingresos no recurrentes.

La medida no solo se limita a la tarifa general; también propone un incremento para los premios derivados de rifas, juegos y apuestas, cuya tasa pasaría del 20% al 33%.

Esto significa que por un premio de $1 millón, el ganador debería pagar $330.000 en impuestos. Adicionalmente, el proyecto endurece las condiciones para que la venta de un activo sea considerada ganancia ocasional, aumentando el tiempo mínimo de posesión del bien de dos a cuatro años. Si un activo se vende antes de cumplir este plazo, la utilidad se gravaría como renta ordinaria, lo que podría resultar en una carga tributaria mayor. La propuesta también contempla modificar algunas exenciones, como las aplicadas a herencias, vinculándolas al valor de la Vivienda de Interés Social (VIS), y reducir el umbral exento para indemnizaciones de seguros. A pesar de que el Gobierno busca con esto fortalecer el recaudo, la medida ha generado fuerte resistencia en el Congreso, donde legisladores de diversas bancadas la consideran un golpe directo a los ciudadanos y anticipan que contribuirá al hundimiento del proyecto de ley.