Su principal herramienta es la normalización tributaria, un mecanismo que permite a personas naturales legalizar activos no declarados pagando un impuesto especial con tarifas escalonadas del 10%, 15% y 20%, dependiendo del monto.

Además, contempla amplios beneficios para deudores de impuestos nacionales, ofreciendo reducciones de hasta el 80% y 90% en intereses y sanciones para quienes paguen o acuerden el pago de sus obligaciones pendientes con la DIAN o la UGPP antes de fechas límite establecidas, como el 30 de junio de 2025. El proyecto también propone fijar la tarifa general del impuesto de renta en 30% y ajustar gradualmente el impoconsumo para restaurantes.

Sus promotores, como la representante Olga Lucía Velásquez, argumentan que busca corregir "distorsiones que hoy afectan la eficiencia del sistema" sin castigar a los contribuyentes cumplidos. El recaudo potencial se calcula entre $7 y $13 billones, una cifra que, aunque inferior a la meta de la reforma, podría servir como un "salvavidas fiscal" para aliviar la presión sobre el presupuesto de 2026.