La propuesta buscaba elevar la tarifa general del impuesto a las ganancias ocasionales del 15% actual al 30%.

Esto impactaría directamente la venta de activos fijos poseídos por más de cierto tiempo, así como los montos recibidos por herencias y donaciones. Adicionalmente, el proyecto contemplaba un incremento aún mayor para los premios derivados de juegos de suerte y azar, como loterías y rifas, cuya tarifa pasaría del 20% al 33%.

En la práctica, esto significaría que por cada millón de pesos ganado en un premio, el ganador tendría que pagar $330.000 en impuestos. La reforma también proponía endurecer las condiciones para que la venta de un activo fuera considerada ganancia ocasional, aumentando el tiempo mínimo de tenencia del bien de dos a cuatro años. Si se vendía antes de ese plazo, la utilidad se gravaría como renta ordinaria, lo que en muchos casos resultaría más costoso para el contribuyente. Este conjunto de medidas fue ampliamente criticado por legisladores de diversas bancadas, quienes argumentaron que afectaba de manera desproporcionada el bolsillo de los colombianos y castigaba el ahorro y la inversión.