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La DIAN, en una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación, ha iniciado un proceso para judicializar a más de 22.000 contribuyentes que recaudaron impuestos y no los transfirieron al Estado. Los morosos, que adeudan en conjunto más de $1,2 billones, enfrentan no solo el cobro de la deuda, sino también posibles penas de prisión de entre 48 y 108 meses. La ofensiva se dirige a 22.375 recaudadores que cobraron a los ciudadanos impuestos como el IVA, la Retención en la Fuente y el Impuesto al Consumo, pero se apropiaron de dichos recursos en lugar de consignarlos a la autoridad tributaria. Para gestionar estos casos, se realizaron jornadas de citación en sedes de la Fiscalía y de la DIAN en todo el país. Según Maribel Tabares Chicunque, Subdirectora de Cobranzas de la DIAN, para los morosos "la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria" para evitar que su caso avance a la etapa penal. El marco legal para esta acción es el artículo 402 del Código Penal, que tipifica el delito de omisión de agente retenedor o recaudador y establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble del valor no consignado. Carlos Emilio Betancourt Galeano, director (e) de la DIAN, enfatizó la gravedad de la falta: "El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron.
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Estos recursos no pertenecían a los morosos". Quienes no regularicen su situación se exponen a embargos, a ser incluidos en el boletín de deudores morosos y a la continuación del proceso penal.
En resumen
La medida fue adoptada luego de verificar de la solicitud de Admisión presentada por el Representante Legal de la Sociedad, debidamente facultado por la Asamblea General de Accionistas
La República
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