Por otro lado, incorpora claras herramientas de recaudo que podrían generar entre $7 y $13 billones.

El mecanismo central es la normalización tributaria, que permite a personas naturales legalizar activos no declarados pagando un impuesto especial con tarifas escalonadas: 10% para montos hasta $500 millones, 15% entre $500 y $1.000 millones, y 20% para cifras superiores. Además, la iniciativa propone cambios estructurales al Estatuto Tributario, como fijar la tarifa general del impuesto de renta para empresas en 30%, establecer una tasa mínima del 20% sobre la utilidad depurada y ajustar gradualmente el impoconsumo para restaurantes. Sus defensores, como la representante Olga Lucía Velásquez, argumentan que el plan corrige "distorsiones que hoy afectan la eficiencia del sistema" sin castigar a los contribuyentes cumplidos y se presenta no como un competidor de la reforma, sino como una solución pragmática para recuperar cartera vencida y generar flujos de caja inmediatos.