Sin embargo, las críticas se centran en varios puntos.

Primero, se mantiene la ambigüedad en la tipificación de infracciones, lo que perpetúa la discrecionalidad de la DIAN. Segundo, se amplían las facultades de la entidad para imponer sanciones de mayor cuantía sin un fortalecimiento proporcional de los mecanismos de defensa, lo que podría vulnerar el debido proceso. Juan Diego Cano, de Analdex, señaló que el texto final radicado no fue concertado con el sector privado. Además, se critica que el proyecto profundiza el castigo a errores formales en las declaraciones, incluso cuando no afectan los tributos, eliminando garantías procesales para su corrección. El debate legislativo será clave para equilibrar la modernización y el control con la seguridad jurídica para los operadores de comercio exterior.