Entre sus puntos se incluye un impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores, aunque se debate eximir al tabaco. También propone reducir el impoconsumo para restaurantes del 8 % actual al 6 % en 2026, y modificar la tarifa de impuesto para servicios digitales de empresas extranjeras. La existencia de esta iniciativa refleja el reconocimiento en el Congreso de la necesidad de obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026, pero también la preferencia por un enfoque menos ambicioso y políticamente más viable que el del Gobierno. A pesar de que algunos sectores lo ven como una alternativa pragmática, el representante del Pacto Histórico, Jorge Bastidas, ha rechazado la etiqueta de “Plan B”, insistiendo en que es un error dar por hundida la reforma principal. Este desarrollo evidencia la fragmentación política y la búsqueda de soluciones intermedias ante el complejo panorama fiscal del país.