La propuesta del Gobierno buscaba duplicar la tarifa del 15 % al 30 %, afectando ingresos por venta de activos, herencias, donaciones y otros conceptos no recurrentes.

Este incremento representaba uno de los cambios de mayor impacto directo en el patrimonio de los ciudadanos. La medida aplicaría a ingresos generados por la venta de activos fijos (como inmuebles o vehículos), así como a los recibidos por herencias, legados y donaciones.

Adicionalmente, el proyecto contemplaba un alza aún mayor para los premios obtenidos en juegos de azar, rifas y apuestas, cuya tarifa pasaría del 20 % al 33 %. Esto significaría que, de un premio de un millón de pesos, el ganador tendría que destinar 330.000 pesos a impuestos. Otra modificación relevante era el endurecimiento de las condiciones para que la venta de un activo se considerara ganancia ocasional: el tiempo mínimo de posesión del activo se aumentaría de dos a cuatro años. Si se vendía antes de ese plazo, la utilidad tributaría como renta ordinaria, lo que en muchos casos resultaría más costoso para el contribuyente. Estos cambios generaron una fuerte inquietud entre inversionistas, propietarios y expertos, al considerarse una carga fiscal excesiva que desincentivaría la formalización y afectaría la dinámica de sectores como el inmobiliario.