Entre los cambios más significativos, se redujo el impuesto a la cerveza del 30 % propuesto al 15 %, dejándolo con una tarifa diferenciada respecto a otros licores.

Además, se limitó el polémico impuesto a las compras virtuales de bajo monto, estableciendo que solo aplicaría para transacciones superiores a 100 dólares, una medida que buscaba calmar las críticas de la representante Katherine Miranda, quien argumentaba que afectaba a familias que usan plataformas como Shein o Temu para adquirir productos básicos.

También se eliminaron impuestos propuestos para los combustibles.

A pesar de estas concesiones, el Gobierno mantuvo otras medidas clave como el impuesto a las iglesias, al hospedaje, la sobretasa al sector financiero y el impuesto al carbono. Sin embargo, estos esfuerzos de negociación resultaron insuficientes para cambiar el panorama adverso en el Congreso, ya que las ponencias de archivo en Senado y Cámara se radicaron con mayorías consolidadas, demostrando que la oposición al proyecto era más estructural que puntual.