El proyecto legislativo enfrenta una oposición política casi unánime que se ha materializado en acciones concretas para impedir su avance.

En la Comisión Tercera del Senado, diez de sus diecisiete miembros, liderados por el senador Efraín Cepeda, firmaron una ponencia de archivo, constituyendo una mayoría absoluta. Cepeda expresó que la decisión busca evitar que la reforma “le golpee el bolsillo a las clases más bajas y medias de la población”. De manera similar, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, radicó una ponencia negativa argumentando que la iniciativa “deteriora la competitividad, castiga a las familias formales, encarece la producción, golpea la inversión y debilita el crecimiento”. La normativa del Congreso establece que el rechazo del proyecto en una sola de las cuatro comisiones económicas es suficiente para archivarlo por completo. A pesar de los intentos del ministro de Hacienda, Germán Ávila, por buscar consensos y defender la iniciativa, el ambiente político es adverso. La coalición de partidos, que incluye a liberales, conservadores, Centro Democrático, Cambio Radical, La U y ASI, ha consolidado un bloque opositor que considera la reforma “nociva” e inoportuna, dejando al Gobierno sin margen de maniobra para su aprobación antes del receso legislativo del 16 de diciembre.