Si bien la iniciativa incorpora avances en modernización y tecnología, también despierta preocupaciones por ampliar las facultades de la DIAN sin fortalecer proporcionalmente los mecanismos de defensa para los operadores de comercio exterior. El Proyecto de Ley 312 de 2025, radicado en el Congreso para cumplir con un fallo de la Corte Constitucional, propone la adopción de herramientas como inteligencia artificial y big data para identificar operaciones sospechosas, alineándose con estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). También promueve la digitalización de procesos para mejorar la transparencia.

Sin embargo, análisis de firmas como KPMG y gremios como Analdex advierten sobre posibles riesgos.

Una de las principales críticas es que el proyecto mantiene “zonas grises en la tipificación de conductas sancionables”, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN. Se señala que la normativa amplía la capacidad de la entidad para imponer sanciones de mayor cuantía, pero no ofrece un fortalecimiento equivalente de las garantías procesales para las empresas, lo que podría vulnerar el principio de proporcionalidad. Aunque se incluye un principio de “buena fe”, su aplicación práctica es vista como “inocua” por algunos expertos, quienes temen que se profundice el castigo a errores formales que no afectan la naturaleza de la mercancía ni los tributos pagados. El debate legislativo será clave para equilibrar el control aduanero con la seguridad jurídica necesaria para la competitividad.