Un error administrativo significativo frustró el primer intento de debate formal del proyecto.

La sesión conjunta de las comisiones económicas, prevista para el 19 de noviembre, tuvo que ser aplazada porque la mesa directiva de la Cámara no expidió la resolución que autorizaba dicho encuentro. Este fallo impidió que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pudiera presentar formalmente el articulado, retrasando un proceso ya de por sí urgente. El tiempo es un factor crítico, ya que para que la reforma pueda entrar en vigencia el próximo año, debe ser aprobada antes de que finalice el actual período legislativo, el 16 de diciembre. Esto deja un margen de apenas once días para su discusión y aprobación en cuatro debates, un plazo que los expertos consideran insuficiente.

Históricamente, la reforma más rápida en ser aprobada tardó 52 días calendario.

La radicación formal del proyecto se pospuso para el 24 de noviembre, lo que reduce aún más el tiempo disponible. Con las ponencias de archivo ya radicadas y con mayorías consolidadas en su contra, este calendario apretado hace prácticamente imposible que el Gobierno logre revertir el resultado y sacar adelante su propuesta fiscal.