La estrategia busca dar un cierre judicial a los procesos penales ya abiertos contra estos recaudadores. Según Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la DIAN, los citados tendrán la oportunidad de “pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”. La advertencia es clara: quienes no regularicen su situación se enfrentan a las consecuencias del artículo 402 del Código Penal, que establece penas de prisión de entre 48 y 108 meses y una multa equivalente al doble del valor no consignado. Las citaciones se realizarán tanto en sedes de la Fiscalía como de la DIAN en todo el país, donde los deudores podrán recibir orientación para saldar sus obligaciones. Las autoridades han enfatizado que el pago total de la deuda es la única vía para detener el avance de los procesos penales. Quienes ignoren el llamado se exponen a embargos, a ser incluidos en el boletín de deudores morosos del Estado y a la continuación de las acciones judiciales en su contra.