Un conflicto tributario de más de 11 billones de pesos entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, ha escalado al sistema judicial, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la petrolera. Un juzgado ha intervenido temporalmente para suspender las acciones de cobro coactivo de la autoridad tributaria, en una disputa que Ecopetrol califica como una amenaza a la soberanía energética del país. La controversia se originó por un cambio de interpretación de la DIAN, que ahora sostiene que la importación de gasolina y diésel está gravada con la tarifa general del IVA del 19%, y busca aplicar este cobro de forma retroactiva a operaciones desde 2022. Reficar y Ecopetrol rechazan esta postura, argumentando, entre otras cosas, que la refinería opera bajo un régimen especial de zona franca donde no aplican derechos arancelarios convencionales.
La DIAN ya ha emitido liquidaciones oficiales por más de 11,28 billones de pesos contra ambas compañías. Ante la amenaza de un embargo que, según Reficar, podría paralizar sus operaciones en once días, la empresa interpuso una acción de tutela. Como resultado, el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena ordenó a la DIAN abstenerse de ejecutar medidas de cobro coactivo hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa decida sobre la legalidad del asunto. La Procuraduría General de la Nación también ha intervenido, convocando una mesa técnica para mediar en el conflicto y proteger el patrimonio público.
Ecopetrol ha advertido que un cobro coactivo tendría un “efecto material adverso” en su liquidez y operaciones.
En resumenLa justicia suspendió temporalmente el cobro de más de 11 billones de pesos que la DIAN exige a Reficar por IVA, brindando un respiro a la petrolera. Sin embargo, la disputa de fondo continúa, con graves implicaciones para las finanzas de Ecopetrol y el abastecimiento de combustibles en la región Caribe.