Esta medida busca que quienes tienen mayor capacidad económica aporten en mayor proporción.

Sin embargo, la iniciativa también contempla la eliminación de deducciones que actualmente benefician a la clase media, como la deducción por dependientes. Según la representante Katherine Miranda, una de las principales opositoras a la reforma, esto equivaldría a gravar la inflación y golpearía las finanzas familiares. La legisladora argumenta que la iniciativa deterioraría la competitividad y frenaría el crecimiento, en un país que ya tiene una elevada presión fiscal. En la versión ajustada de la reforma, el Gobierno redujo drásticamente su expectativa de recaudo por este concepto, pasando de una meta de $923.000 millones a solo $215.000 millones, lo que refleja el alto costo político y la sensibilidad de modificar la tributación de las personas.