Dentro del articulado de la reforma, se plantea reducir el umbral a partir del cual las personas naturales deben pagar este impuesto, pasando de 72.000 UVT a 40.000 UVT. Este cambio ampliaría significativamente el número de declarantes.

Adicionalmente, se propone una tarifa máxima del 5 %, una de las más altas a nivel internacional.

Expertos como Sara Valbuena, directora legal de Ventus Consultores, han expresado preocupación, señalando que el cambio “debe contar con un sustento claro que demuestre la capacidad contributiva de quienes entrarán en este nuevo umbral”, advirtiendo que de lo contrario, la medida podría ser considerada “confiscatoria”. La discusión también gira en torno a si la medida respeta principios constitucionales como la equidad y la progresividad, evitando imponer obligaciones que excedan la capacidad económica de los contribuyentes. A pesar de las controversias, el Gobierno mantiene este impuesto como una de las fuentes clave de recaudo en su propuesta ajustada, con la que espera obtener $2,2 billones por este concepto para el año 2026.