Sin embargo, tanto KPMG como Analdex advierten sobre riesgos significativos.

La principal crítica es que el proyecto mantiene “zonas grises en la tipificación de conductas sancionables”, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la DIAN. Se señala que la iniciativa amplía las facultades sancionatorias de la entidad “sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión”, lo que podría vulnerar el debido proceso. Además, se critica que el proyecto profundiza el castigo a errores formales, incluso cuando no afectan la naturaleza de la mercancía ni los tributos pagados.

A pesar de incluir un principio de buena fe, su aplicación práctica es vista como “inocua” por los gremios.