El Gobierno Nacional ha modificado su ambiciosa propuesta de reforma tributaria, reduciendo significativamente la meta de recaudo en un intento por conseguir el apoyo político necesario para su aprobación en un Congreso dividido. Esta decisión responde a la fuerte presión de diversos sectores y busca viabilizar el financiamiento del presupuesto de 2026. La propuesta original, que buscaba recaudar $26 billones, fue ajustada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para apuntar a una meta de $16,3 billones, con la posibilidad de reducirla incluso a $8 billones. Este cambio es una respuesta directa al adverso ambiente legislativo y a las críticas sobre el impacto de la iniciativa en la clase media y los sectores populares, especialmente en un año electoral. La reforma es crucial para financiar el presupuesto de 2026, que asciende a $546,9 billones y presenta un déficit de $16 billones.
Sin estos ingresos adicionales, programas sociales e inversión pública estarían en riesgo.
Entre los ajustes más notables se encuentra la eliminación del polémico IVA sobre los combustibles y la limitación del impuesto a las compras virtuales de bajo valor, que ahora solo aplicaría a transacciones superiores a 100 dólares. Asimismo, se redujo la carga impositiva para la cerveza, excluyéndola de la tarifa homogénea del 30 % por grado de alcohol y fijándola en un 15 %, un alivio para el sector cervecero. A pesar de las concesiones, se mantienen gravámenes clave como el impuesto al patrimonio, el incremento progresivo del impuesto de renta y los impuestos a cigarrillos, vapeadores y licores, que se espera aporten cerca de $4,1 billones.
En resumenEl ajuste del Gobierno a la reforma tributaria es una maniobra pragmática para intentar salvarla del hundimiento en el Congreso. Al ceder en puntos sensibles como el IVA a los combustibles y la cerveza, busca construir un consenso mínimo, aunque el futuro de la iniciativa sigue siendo incierto ante la fuerte oposición política.