Según informes, el descuadre tributario en los primeros diez meses del año alcanzó los $9,1 billones, debido a un menor recaudo en impuestos clave como renta e IVA.

La meta de $257 billones para este periodo no se cumplió, lo que ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyectó que el recaudo total de 2025 será $8,3 billones inferior a la meta fijada por la DIAN.

Este panorama es calificado por analistas como insostenible.

Un editorial de La Silla Vacía advierte que las cuentas del Gobierno están llevando a Colombia “al segundo peor déficit fiscal de su historia, después de la pandemia del Covid”. Las consecuencias de este desajuste ya se sienten en recortes a programas sociales como ‘Mi Casa Ya’ y una reducción en los recursos para la educación. El Gobierno insiste en que la reforma es indispensable para cerrar esta brecha y financiar la inversión social. Sin embargo, los críticos sostienen que, antes de aumentar los impuestos, se debería realizar un ajuste significativo en el gasto público y mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, que se encuentra en niveles históricamente bajos. Este déficit estructural es el telón de fondo que condiciona no solo la actual discusión tributaria, sino también el panorama económico que heredará el próximo gobierno.