El Ministerio de Hacienda defiende estos impuestos argumentando que, además de su potencial recaudatorio, buscan desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud. La propuesta ha sido ajustada para moderar su impacto; por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, se propuso inicialmente unificar la tarifa del impuesto por grado de alcohol en un 30 %, pero en la nueva versión la cerveza tendría una tarifa diferencial más baja, del 15 %. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado, advirtió que un ajuste en los gravámenes a las bebidas alcohólicas podría afectar gravemente la sostenibilidad financiera de los departamentos, ya que estos tributos son una fuente de ingreso crucial para las regiones. “Está en juego la autonomía territorial y la descentralización”, afirmó el senador. Por otro lado, en la llamada “minirreforma tributaria” que avanza de forma paralela en la Cámara, también se incluye un impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores, aunque con una polémica sobre si se debe eximir al tabaco en futuros debates. Esta confluencia de propuestas evidencia que, independientemente del vehículo legislativo, el aumento de la carga tributaria sobre estos productos es una prioridad fiscal para distintos sectores políticos.