La petrolera estatal advirtió en su informe de resultados que un eventual proceso de cobro coactivo por parte de la DIAN podría tener un “efecto material adverso” en sus operaciones, liquidez y posición financiera. A pesar del riesgo, la compañía decidió no constituir provisiones contables, basándose en conceptos de asesores externos que le otorgan una probabilidad de éxito superior al 50 %. Ante la gravedad de la situación, que podría derivar en embargos millonarios, la Procuraduría citó a las entidades para analizar los fundamentos jurídicos de sus posiciones. El ente de control busca actuar de manera preventiva para proteger el patrimonio público y garantizar el debido proceso, evitando que el pleito fiscal ponga en jaque la estabilidad financiera de la principal empresa del país.