Según explicó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la DIAN, 6.000 de los contribuyentes serán citados en sedes de la Fiscalía en todo el país, mientras que los 16.375 restantes deberán acudir a las oficinas de la DIAN. El objetivo es ofrecerles una última oportunidad para regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen. Las autoridades han sido enfáticas en que la única vía para detener el avance judicial es el pago total de la obligación. Maribel Tabares Chicunque, Subdirectora de Cobranzas y Control Extensivo de la DIAN, advirtió que quienes no paguen se enfrentan a las consecuencias del artículo 402 del Código Penal, que establece penas de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble del valor no consignado. Además de la cárcel, los morosos que no atiendan la citación se exponen a embargos y a la inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado. El director de la DIAN concluyó que esta acción es un “acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron”, subrayando que “estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos”.