Gómez Amín ha insistido en que el Gobierno debe explorar una reducción del gasto público, que estima podría alcanzar los “30 billones de pesos”, una cifra que equivaldría “a dos tributarias en una”. Como parte de este ajuste, sugiere revisar la eficiencia de entidades como el Ministerio de la Igualdad, que, según él, “no ha ejecutado en dos años absolutamente nada”. El malestar en el legislativo se ha evidenciado en la baja asistencia a las reuniones de ponentes, un hecho que la representante Olga Lucía Velásquez interpreta como una falta de legitimidad para construir un acuerdo. Congresistas consultados por diversos medios han insistido en la inviabilidad de la iniciativa, incluso después de los ajustes presentados por el Ministerio de Hacienda. Ante este panorama, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también se sumó a las voces que piden al Congreso rechazar la reforma, argumentando que se debe dejar esa tarea al próximo gobierno y enfocarse en recortar gastos.