Sin embargo, para lograr un mayor consenso político, el Ejecutivo retiró algunas de las propuestas más polémicas.

Se confirmó la eliminación del plan de gravar con IVA a los combustibles, que habría aportado $2,6 billones, y se descartó el aumento del impuesto al consumo para la cerveza, una medida que, según el Gobierno, habría afectado a los hogares más vulnerables. Estos ajustes reflejan un intento por equilibrar la necesidad fiscal con la viabilidad política del proyecto.