Dentro de la ajustada reforma tributaria, el Gobierno Nacional ha puesto una de sus principales apuestas de recaudo en los impuestos al consumo de alcohol y tabaco, con los que espera obtener $4,1 billones en 2026. Esta medida, aunque reducida frente a la propuesta original, ha generado controversia por su potencial impacto en las finanzas de los departamentos. La propuesta inicial de la ley de financiamiento contemplaba un recaudo de $7,8 billones por estos gravámenes, pero la cifra fue disminuida en $3,7 billones tras las negociaciones y ajustes al Presupuesto General de la Nación. A pesar de la reducción, el impuesto a estos productos, considerados de alto impacto sanitario, sigue siendo un pilar fundamental de la reforma.
Sin embargo, la medida ha encontrado resistencia.
El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, advirtió que el ajuste en los gravámenes a las bebidas alcohólicas podría afectar gravemente la sostenibilidad financiera de los departamentos, ya que estos tributos son una de sus principales fuentes de ingreso. “El alcohol y la cerveza son un ingreso departamental relevante. Está en juego la autonomía territorial y la descentralización”, afirmó Castellanos. La discusión sobre estos impuestos refleja la tensión entre la necesidad del Gobierno central de aumentar el recaudo nacional y la defensa de los recursos territoriales por parte de los líderes regionales y congresistas, convirtiéndose en uno de los puntos más sensibles del debate tributario.
En resumenLa meta de recaudar $4,1 billones a través de impuestos al alcohol y al tabaco es una pieza clave de la reforma tributaria del Gobierno. No obstante, la propuesta enfrenta una fuerte oposición debido a su posible impacto negativo en las finanzas departamentales, lo que anticipa una compleja negociación política en el Congreso para su aprobación.