Una investigación periodística ha revelado cómo la DIAN, a través de un aumento en la retención en la fuente y demoras deliberadas en la devolución de saldos a favor, ha capturado cerca de $15 billones de los contribuyentes, funcionando como un “préstamo a cero interés” que afecta gravemente la liquidez del sector privado. Estas prácticas, calificadas como “maromas contables”, han permitido al gobierno inflar artificialmente sus metas de recaudo a costa de la salud financiera de las empresas. El problema se originó en 2023, cuando el gobierno del presidente Petro, mediante un decreto del entonces ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, elevó las retenciones en la fuente. Esta medida provocó que, por primera vez, el monto de las retenciones ($74 billones) superara el valor total del impuesto de renta a empresas ($72 billones), generando un auge artificial en el recaudo. Como consecuencia, los saldos a favor de los contribuyentes se dispararon de $25,7 billones en 2022 a $40,5 billones en 2023. Sin embargo, la DIAN ha puesto cada vez más obstáculos para devolver estos saldos, endureciendo los requisitos y utilizando tácticas dilatorias, como suspender devoluciones por 90 días sin justificación real, para correr los pagos al siguiente año fiscal y no afectar las metas del año en curso.
Según el tributarista Christian Junot, esta estrategia es deliberada.
Muchas empresas, por temor a ser fiscalizadas, prefieren no solicitar la devolución, lo que agrava el problema.
Esta situación afecta desproporcionadamente a sectores con altos ingresos y márgenes delgados, como el financiero, de comunicaciones y comercio, que ven su flujo de caja estrangulado mientras el Estado se financia con su dinero.
En resumenLa estrategia de la DIAN de aumentar las retenciones y retrasar las devoluciones ha creado una crisis de liquidez para las empresas colombianas, que se ven forzadas a financiar al Estado sin intereses. Esta práctica no solo distorsiona las cifras de recaudo del gobierno, sino que también deteriora la confianza de los contribuyentes y pone en riesgo la inversión y el empleo en el país.