El Gobierno Nacional avanza en la discusión de una nueva ley de financiamiento, ajustada para recaudar $16,3 billones, en un intento por estabilizar las finanzas públicas de cara al presupuesto de 2026. La propuesta, que originalmente buscaba más de $26 billones, enfrenta un ambiente de escepticismo y baja asistencia en las comisiones económicas del Congreso, lo que amenaza su viabilidad a pocos meses de finalizar el cuatrienio. La reforma tributaria se ha convertido en el epicentro de un intenso debate fiscal y político. Tras ajustar el Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda redujo la meta de recaudo en cerca de $10 billones, eliminando algunas de las propuestas más controvertidas. Sin embargo, el proyecto mantiene su enfoque en gravar actividades que afectan la salud y el medio ambiente, así como en aumentar la progresividad del sistema.
La iniciativa contempla nuevos impuestos a licores, tabaco, juegos de azar en línea, y modificaciones al impuesto al patrimonio y renta para personas naturales con mayores ingresos.
A pesar de los ajustes, congresistas como Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, han señalado que “no existe un ambiente favorable para su discusión” y que la baja asistencia a las reuniones de ponentes legitima poco el proceso. Varios sectores políticos y gremiales han expresado su preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de un mayor déficit si no se logra el recaudo proyectado.
El exministro Mauricio Cárdenas ha sido tajante al afirmar que “el Congreso debe rechazarla y dejarle esa tarea al nuevo Gobierno”, argumentando que la reforma grava a los sectores que ya pagan altas tarifas. La discusión avanza contra el tiempo, con un plazo legal que se acorta y la presión de un inminente ciclo electoral que desincentiva el apoyo a nuevas cargas impositivas.
En resumenLa reforma tributaria ajustada a $16,3 billones representa una prueba crucial para el Gobierno, que busca asegurar la financiación del presupuesto de 2026. No obstante, su trámite está en riesgo debido a la fuerte oposición política, el escepticismo sobre sus efectos económicos y el difícil momento electoral, lo que deja en el aire la estabilidad fiscal del país para los próximos años.