En 2023, un decreto del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, elevó las retenciones, lo que provocó que el Estado cobrara por adelantado más impuestos de los que finalmente correspondían. Esto generó un récord de recaudo ese año, pero también disparó los saldos a favor de los contribuyentes, que pasaron de 25,7 billones en 2022 a 40,5 billones en 2023. El problema se agravó en 2024, cuando estos cobros adicionales se convirtieron en una masiva solicitud de devoluciones que la DIAN ha gestionado con lentitud. Según expertos y exfuncionarios, la entidad ha endurecido los requisitos y suspendido devoluciones deliberadamente para aplazar los pagos y no afectar las metas de recaudo del año en curso.

Esta estrategia, aunque mejora las cifras brutas de recaudo que comunica el gobierno, deteriora el recaudo neto y estrangula financieramente a las empresas, que deben sacrificar capital de trabajo e inversión mientras financian al Estado sin interés. El impacto es mayor en sectores como el financiero, de seguros, y de información y comunicaciones, y puede llevar a empresas con márgenes estrechos al cierre.