El Gobierno Nacional presentó una versión ajustada de su proyecto de ley de financiamiento, con la que ahora busca recaudar $16,3 billones para el presupuesto de 2026. La propuesta, que originalmente superaba los $26 billones, fue modificada tras la aprobación de un Presupuesto General de la Nación (PGN) inferior al pretendido por el Ejecutivo. La nueva propuesta fue presentada a los congresistas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el director (e) de la DIAN, Carlos Betancourt, como un instrumento necesario para cuadrar las cuentas fiscales y financiar programas sociales e inversión. El articulado se enfoca en gravar actividades que afectan la salud pública y el medio ambiente, así como en fortalecer la progresividad del sistema.
Entre los principales componentes se encuentran impuestos a las bebidas alcohólicas, tabaco, juegos de azar digitales y grandes patrimonios.
Sin embargo, el Gobierno ha cedido en puntos sensibles, como la exclusión del IVA a los combustibles y ajustes en la tributación de la cerveza para no afectar a los hogares más vulnerables. El Ministerio de Hacienda insiste en que la reforma es crucial para la estabilidad económica, cerrar brechas de evasión y sostener la inversión regional. A pesar de los ajustes, la iniciativa enfrenta un camino complejo en el Congreso, donde el ambiente político es adverso y el tiempo para su debate es limitado, poniendo en duda su aprobación final antes de que termine la legislatura.
En resumenEl Gobierno ha reducido su ambición de recaudo en la nueva reforma tributaria a $16,3 billones, enfocándose en impuestos al consumo, patrimonio y juegos de azar, mientras elimina propuestas polémicas como el IVA a los combustibles. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un panorama legislativo incierto debido a la fuerte oposición política y la falta de consensos.