En la versión ajustada de su reforma tributaria, el Gobierno Nacional ha fijado una meta de recaudo de $4,1 billones a través de los impuestos al consumo de alcohol y tabaco. Esta cifra, aunque considerable, representa una disminución de $3,7 billones frente a la proyección inicial de $7,8 billones, lo que refleja los ajustes realizados para lograr un mayor consenso político. La reducción en la meta de recaudo de estos impuestos, catalogados como saludables, se debe en gran parte a la decisión de no aplicar un incremento tan drástico sobre la cerveza, como se contempló originalmente. A pesar de la rebaja, estos tributos siguen siendo una pieza clave en la estructura de ingresos de la nueva ley de financiamiento. Sin embargo, la medida no está exenta de controversia. El senador Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado, advirtió que cualquier ajuste en los gravámenes a las bebidas alcohólicas podría impactar negativamente la sostenibilidad financiera de los departamentos.
“El alcohol y la cerveza son un ingreso departamental relevante. Está en juego la autonomía territorial y la descentralización”, afirmó Castellanos.
Este debate pone de manifiesto la tensión entre los objetivos de salud pública y recaudo del Gobierno central y las necesidades fiscales de las regiones, que dependen históricamente de estas rentas para su funcionamiento.
En resumenEl Gobierno ha reducido su expectativa de ingresos por impuestos a alcohol y tabaco a $4,1 billones, una decisión que, si bien puede facilitar la aprobación de la reforma, ha generado preocupación por el posible impacto en las finanzas de los departamentos del país.