Estos incentivos han sido clave para impulsar una lenta pero progresiva transición hacia un parque automotor menos contaminante.

Sin embargo, la nueva ley de financiamiento, en su búsqueda por ampliar las fuentes de recaudo, contempla la eliminación de estos beneficios para los híbridos y su reemplazo por una tarifa general de IVA. La medida es vista por algunos como una necesidad fiscal para alcanzar la meta de $16,3 billones, pero criticada por otros por ser un posible desincentivo a la transición energética. Mientras el Gobierno argumenta que la reforma busca gravar actividades que afectan el medio ambiente y otorgar incentivos a la transición, la imposición de un IVA a los híbridos parece ir en contravía de este postulado. La discusión en el Congreso será decisiva para definir si se prioriza el recaudo a corto plazo o se mantienen las exenciones como una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad ambiental.