La decisión, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el director de la DIAN, Carlos Betancourt, marca un cambio de rumbo significativo. El proyecto de decreto original buscaba “nivelar las reglas del juego” entre los pagos con tarjetas de crédito y débito y los sistemas de bajo valor.

Sin embargo, la propuesta generó una fuerte reacción ciudadana, con más de 170 comunicaciones recibidas por la DIAN. La principal preocupación, según reconoció el director de la entidad, era que una retención generalizada del 1,5% “podría impulsar el uso desmedido del efectivo”, lo cual “debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones, que es una herramienta útil en nuestra lucha contra la evasión y el contrabando”. Al establecer la tarifa en 0%, el Gobierno mantiene el objetivo de equidad regulatoria pero elimina el gravamen, afirmando el incentivo para el uso de medios digitales. El ministro Ávila destacó que con esta modificación, “el Gobierno del Cambio honra sus consignas de transparencia y equidad de la política y la gestión fiscal: escuchar la voz de los ciudadanos”. La medida, aún en estudio, consolidaría una política de fomento a la economía digital y formal.