Esta acción es considerada una apropiación de recursos del Estado y, según la normativa vigente, puede ser sancionada con penas de 48 a 108 meses de prisión (entre cuatro y nueve años), además de las multas correspondientes. Otros actos ilícitos que pueden derivar en procesos penales incluyen la no presentación de la declaración tributaria estando obligado, la omisión de ingresos, la inclusión de gastos o pasivos inexistentes, o la reclamación de beneficios fiscales improcedentes, con penas que pueden llegar hasta los siete años y medio de cárcel dependiendo del monto defraudado.