Sin embargo, generó una fuerte reacción negativa por parte de ciudadanos, gremios y el sector financiero, que presentaron más de 170 comunicaciones con comentarios y observaciones. La principal preocupación, según reconoció el director (e) de la DIAN, Carlos Betancourt, era que el gravamen "podría impulsar el uso desmedido del efectivo", lo cual debilitaría la trazabilidad de las transacciones y los esfuerzos en la lucha contra la evasión fiscal. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó el cambio, explicando que la nueva política busca "afirmar el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad". La decisión fue celebrada por gremios como Colombia Fintech, que la calificaron como un avance para la economía digital y la inclusión financiera, demostrando la efectividad del diálogo entre el sector público y el privado.