Esto ocurre cuando un comerciante o empresa cobra a sus clientes impuestos como el IVA o el Impuesto Nacional al Consumo, o retiene a sus empleados la retención en la fuente, pero no consigna dichos dineros al Estado dentro de los plazos establecidos.

Esta conducta, considerada una apropiación de recursos públicos, puede ser castigada con penas de cuatro a nueve años de prisión, además de multas.

Otro delito grave es la defraudación o evasión tributaria, que se configura cuando un contribuyente, con la intención de reducir su carga impositiva, omite ingresos, incluye costos o gastos inexistentes en su declaración, o reclama beneficios fiscales improcedentes.

Las penas por este delito varían según el monto defraudado, pero pueden alcanzar hasta siete años y medio de prisión.

Finalmente, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes también es un delito penal.

Ocultar bienes o declarar deudas falsas para disminuir el patrimonio y, por ende, el impuesto a pagar, conlleva penas de prisión que dependen del monto involucrado. La DIAN subraya que el incumplimiento en el pago de IVA, impuesto al consumo y retenciones es especialmente grave y puede derivar en procesos penales.