La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha exigido a Ecopetrol y su filial Reficar el pago de millonarias sumas por concepto de IVA a la importación de combustibles, desatando un conflicto fiscal que amenaza con afectar la operación de la refinería y la soberanía energética del país. La controversia se centra en la aplicabilidad de una tarifa del 19% y ha llevado a las empresas a interponer acciones de tutela para frenar posibles embargos. El núcleo del conflicto radica en la interpretación de la DIAN de que, según la Ley 1819 de 2016, las importaciones de gasolina y ACPM están gravadas con una tarifa general de IVA del 19%. Reficar, por su parte, argumenta que al operar desde una zona franca, sus ventas no deberían ser tratadas como importaciones convencionales y que la base gravable debe ser fijada por el Ministerio de Minas y Energía. La disputa involucra sumas significativas, incluyendo un proceso por $1,3 billones y una liquidación oficial confirmada por $17.406 millones.
Ante la amenaza de un cobro coactivo, Reficar interpuso una acción de tutela advirtiendo que un embargo podría paralizar sus operaciones en un plazo de 7 a 11 días, lo que pondría en riesgo el 48% de la capacidad de refinación del país y el abastecimiento de combustibles, especialmente en la región Caribe. La empresa filial de Ecopetrol alega una posible vulneración al debido proceso y un riesgo para los más de 4.600 empleos asociados a su funcionamiento.
Aunque la DIAN ha aclarado que "no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobro coactivo", ha ratificado su postura y ha afirmado que "los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo".
El caso representa una de las controversias fiscales más importantes de los últimos años, enfrentando a la autoridad tributaria con la mayor empresa del país.
En resumenEl conflicto entre la DIAN y Reficar por el cobro del IVA del 19% a los combustibles importados se mantiene sin resolución, con la autoridad tributaria firme en su exigencia y la empresa utilizando recursos legales para proteger su operación. El desenlace de esta disputa tendrá implicaciones significativas para el sector energético, las finanzas públicas y el marco jurídico que regula la tributación en las zonas francas del país.
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