En estos casos, las penas de prisión pueden variar entre tres y siete años y medio, dependiendo del monto defraudado.

En una muestra de esta estrategia, se informó que la DIAN ha denunciado a 1.200 evasores ante la Fiscalía, evidenciando un endurecimiento en la persecución de estas conductas ilícitas para proteger el recaudo nacional.