Con las sesiones ordinarias finalizando el 16 de diciembre, los ponentes tienen un plazo máximo de 15 días para presentar su informe, lo que dejaría solo unas pocas semanas para los cuatro debates requeridos. Si el proyecto no se aprueba este año, su vigencia se aplazaría hasta 2027, impidiendo que el gobierno actual vea los frutos del recaudo. Esta situación refleja un pulso político significativo que determinará el futuro de la financiación del presupuesto nacional.