El proyecto mantiene gravámenes clave como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta para personas con ingresos altos, tributos ambientales y un gravamen al sector financiero. Además, incluye un IVA de hasta el 19% para productos importados que actualmente no lo pagan, con el fin de equilibrar la competencia con la industria nacional. Sin embargo, el Gobierno ha cedido en algunos puntos para buscar consensos, como la exclusión del IVA a la cerveza y a la gasolina, que generaron fuerte rechazo.

A pesar de los ajustes, la propuesta es vista con escepticismo. Gremios como la ANDI y partidos políticos como Cambio Radical y el Partido Liberal han manifestado su rechazo, argumentando que la reforma impactará negativamente la inversión, la competitividad y el crecimiento económico. El ministro de Hacienda (e), Carlos Betancourt, ha defendido la necesidad de la reforma, asegurando que los recursos son “cruciales para el cierre de la financiación del presupuesto” y para cumplir con la Regla Fiscal. La discusión formal comenzará a mediados de noviembre, con un cronograma ajustado para su aprobación antes de fin de año.